Posverdad

Cada nuevo anuncio comercial de la administración de Donald Trump termina teniendo eco en Ciudad Juárez.

Ahora, la Casa Blanca anunció un arancel del 50 por ciento a una amplia gama de productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor dentro de 30 días como respuesta a lo que Washington calificó como prácticas comerciales discriminatorias contra Estados Unidos.

La decisión impacta sectores estratégicos como la industria automotriz, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos, además de abrir un nuevo frente en la relación comercial entre dos de los socios del T-MEC.

Aunque el arancel está dirigido contra Canadá, en la frontera norte mexicana el mensaje también genera preocupación.

Porque confirma que la política comercial de Trump seguirá utilizando los aranceles como principal herramienta de negociación.

Y eso coloca nuevamente al T-MEC bajo presión.

Para Ciudad Juárez el tema no es ajeno.

La industria maquiladora mantiene cadenas de suministro altamente integradas con Estados Unidos y Canadá. Muchas plantas instaladas en la frontera fabrican componentes que cruzan varias veces las fronteras antes de convertirse en un producto terminado.

Por ello, cualquier medida que altere el comercio entre los tres países termina repercutiendo en la planeación de inversiones, costos logísticos y decisiones de producción.

En la lectura económica, el anuncio también envía otra señal.

La Casa Blanca mantiene su estrategia de presionar a sus socios comerciales para obtener mejores condiciones para la industria estadounidense, incluso recurriendo a incrementos arancelarios.

Y esa incertidumbre es precisamente uno de los factores que más preocupa al sector productivo de Ciudad Juárez.

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La muerte de varios animales en el kilómetro 33 de la carretera a Casas Grandes dejó de ser un caso aislado para convertirse en un asunto con potencial de escalar políticamente.

Y no es para menos.

Las imágenes y denuncias sobre el presunto envenenamiento de perros y un gato comenzaron a circular con fuerza en redes sociales, generando indignación entre organizaciones protectoras de animales y ciudadanos.

Eso obligará a que tanto el Municipio como el Gobierno del Estado den resultados.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal ya intervino junto con la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones, pero conforme pasen los días la presión dejará de estar en las denuncias y se trasladará a una sola pregunta:

¿Habrá responsables detenidos?

Los primeros reportes hablan de ocho animales afectados, entre ellos siete perros y un gato; además de un perro enterrado y otros cuatro encontrados dentro de una caja de madera.

Si las investigaciones confirman que existió un envenenamiento intencional, el caso podría configurar delitos relacionados con maltrato animal.

En la lectura política, el tema también representa un reto para las autoridades.

Porque los casos de crueldad contra animales suelen generar una reacción social que rebasa colores partidistas.

Las redes sociales amplifican rápidamente la indignación y las exigencias de justicia.

Y si la investigación no avanza o no arroja resultados, la presión crecerá sobre las autoridades municipales y estatales.

Incluso no sería extraño que organizaciones nacionales dedicadas a la protección animal comiencen a involucrarse si el caso sigue tomando relevancia.

Por ahora la investigación permanece en manos de la Fiscalía.

Pero la grilla ya comenzó.